El presidente estadounidense, Joe Biden, por medio de una carta enviada al Congreso la noche del 10 de noviembre, cita lo siguiente: “el régimen de Ortega continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.
Además, el edil expresa que la respuesta violenta por parte del gobierno de Ortega en las protestas que comenzaron en abril de 2018 representa una violencia indiscriminada sumándole a las tácticas represivas contra los civiles.
Por este motivo, Biden decidió que la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua debe seguir en vigor hasta el próximo 27 de noviembre.
Antecedentes
Más de 200 opositores están presos en Nicaragua desde las manifestaciones de 2018, que el gobierno de Ortega vinculó con un supuesto golpe de Estado fallido promovido por Washington.
Asimismo, la relación entre Estados Unidos y Nicaragua se agudizó aún más con las elecciones nicaragüenses de 2021, ya que la emisión del sufragio fue considerada fraudulenta por la comunidad internacional.
En relación con lo anterior, el principal encargado del Departamento de Estado de E.E.U.U Brian Nichols, condenó el pasado 7 de octubre los continuos abusos de los Derechos Humanos en Nicaragua en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Por lo tanto, la OEA pidió al gobierno de Ortega que “cese toda acción violenta” contra la población de su país y que “restablezca plenamente los derechos cívicos y políticos, las libertades religiosas y el estado de derecho” en su territorio.
No obstante, Ortega decidió renunciar a estar en la OEA desde el 19 de noviembre de 2021, hasta la actualidad; la salida del organismo se demorará hasta noviembre de 2023.
Por lo tanto, la decisión por parte del Ejecutivo de Daniel Ortega ha derivado en un conflicto desde inicios de 2018, cuando hubo fuertes protestas antigubernamentales en el país que terminaron con cientos de muertos, heridos y detenidos.
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