El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló las personalidades jurídicas de otras 100 ONG, con las cuales ya se suman 3,026 organizaciones disueltas, tras las protestas populares registradas en abril del 2018.
Entre las justificaciones que alega la dictadura sandinista, es que 91 organizaciones locales están en abandono o no cumplieron con sus obligaciones. Entre los principales hallazgos de suspensión, es no reportar por períodos entre 3 y 19 años sus juntas directivas y estados financieros, así como información de identidad y origen de todos sus miembros y donantes a la entidad correspondiente.
La ilegalización de esas 100 oenegés fue aprobada por la titular de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial ‘La Gaceta’.
El Ministerio de Gobernación de Nicaragua indicó que, en el caso de las ONG extranjeras, entre las que se encuentran 3 de España y 3 de Estados Unidos, fueron disueltas bajo el argumento de que estaban en abandono y llevaban 2 y 21 años incumpliendo sus obligaciones.
Del total de ONG ilegalizadas, 2,902 fueron anuladas a partir de marzo de este año, según un informe de 18 organizaciones que denunciaron recientemente en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la “extrema situación en relación a la sistemática violación de la libertad de asociación y el derecho a defender derechos humanos en Nicaragua”, indicaron en ese momento.
Por su parte, el diputado sandinista, Filiberto Rodríguez, señaló que las oenegés suspendidas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para derrocar a Ortega durante las manifestaciones que estallaron en el 2018.
Para ese año, miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega, debido a que respondió con la fuerza el gobierno. Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que el régimen solo reconoce 200.
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