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jueves, septiembre 19, 2024

CEPAL advierte que A. L se enfrenta a una “grave crisis social”

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que 201 millones de personas viven en situación de pobreza es decir que, el 32,1% se encuentra en esta situación, mientras que 82 millones de personas (13,1%) están en pobreza extrema datos que necesitan con urgencia abordarse.

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CEPAL indica que, pese a la leve disminución registrada el 2021, las proyecciones apuntan a que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe.

“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explicó la publicación.

Según las estadísticas, el año pasado, la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).

Entre las proyecciones para el cierre de este año, la CEPAL dice que la pobreza se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones), es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación.

Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019, agregaron en su informe.

Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, subraya el organismo regional.

Al igual que en años anteriores, la CEPAL señaló que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza, y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres, en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

“La cascada de choques externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, durante la presentación del documento.

Agregó que no se ha logrado revertir los impactos que dejó la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema, y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación, que sin duda afecta el futuro de las generaciones.

América Latina y el Caribe sufrió un apagón educativo más prolongado a nivel internacional con la llegada de la pandemia, lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad en la educación.

Fue en este período que los países enfrentaron una de las principales limitaciones para la continuidad educativa, ya que no contaban con los recursos necesarios tanto conectividad, equipamiento y habilidades digitales, indicó la CEPAL. Datos proporcionados por el organismo regional revelan que en el 2021 más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

Frente a este panorama, Salazar manifestó que “se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre”, apuntó el alto funcionario. Instó a los países a construir nuevos pactos sociales, acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región”.

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